Los concesionarios de los aparcamientos municipales están obligados a facilitar información sobre la recaudación

Responsable del contenido: Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Fecha de actualización: 12 de marzo de 2019

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo respaldan el derecho de los ciudadanos a conocer los datos de recaudación de los aparcamientos municipales gestionados por empresas privadas. 

El 3 de enero de 2018, un ciudadano presentó una solicitud de información al amparo de la Ley de transparencia.

El ciudadano, que es periodista, solicitaba los datos de afluencia de vehículos, tasa de ocupación y recaudación anual de los aparcamientos municipales, correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017.

Como el Ayuntamiento no tenía los datos de la recaudación, pidió esta información a quienes gestionan los aparcamientos, incluidas las empresas privadas que prestan este servicio público en virtud de una concesión administrativa.

Las respuestas de los concesionarios fueron dispares. Aunque todos acabaron facilitando los datos, algunos dejaron claro que los suministraban para conocimiento exclusivo de la Administración, es decir, se negaron a que se le entregaran al solicitante.

El expediente concluyó con una resolución del Ayuntamiento por la que se estimaba la solicitud del ciudadano, si bien no se le facilitaron los datos de los concesionarios opuestos a la entrega.  Dos de ellos, SABA y ACVIL, presentaron una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra la resolución municipal. Otros dos concesionarios, INTERPARKING e INDIGO, decidieron presentar directamente el recurso contencioso - administrativo, sin interponer antes la reclamación potestativa ante el Consejo.  

Antes de la resolución del Consejo, el asunto de la concesión de los aparcamientos saltó a la prensa. Los días 3 de agosto y 4 de agosto de 2018 eldiario.es publicó un reportaje en dos entregas sobre “el negocio de los aparcamientos públicos”, basado en información facilitada por el Ayuntamiento a otros periodistas. 

Resoluciones del Consejo de Transparencia

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvió las reclamaciones en sus resoluciones RT 167/2018 (SABA) y RT 168/2018 (ACVIL), ambas fechadas el 10 de octubre de 2018.

Las dos resoluciones son desestimatorias, es decir, dan la razón al Ayuntamiento de Madrid. Confirman, por tanto, el derecho de los ciudadanos a conocer la recaudación anual de los aparcamientos gestionados por empresas privadas en régimen de concesión.

Las resoluciones del Consejo abordan cinco cuestiones:

1)      Carácter de información pública de los datos solicitados.

2)      Alcance de la obligación de los concesionarios de facilitar información.

3)      Aplicación de la causa de inadmisión relativa a las solicitudes abusivas.

4)      Aplicación del límite relativo a los intereses económicos y comerciales.

5)      Relación entre acceso a la información y publicidad activa. 

 

Estas son las principales conclusiones del Consejo:

1) Los datos de ocupación, afluencia y recaudación de los aparcamientos municipales tienen la consideración de información pública a efectos de la normativa de transparencia. La razón para atribuirles este carácter reside en que se trata de información relativa a la prestación de un servicio público local.Da igual que los aparcamientos municipales se gestionen por empresas privadas. La forma de gestión del servicio público no puede ser un impedimento para el ejercicio del derecho de acceso.

2) En el caso de los aparcamientos gestionados por concesionarios, para que la Administración pueda facilitar los datos que le pide un ciudadano deberá dirigirles un requerimiento con el fin de que le suministren “toda la información necesaria” (artículo 4 de la Ley de transparencia). Los concesionarios tienen la obligación de atender el requerimiento con independencia de lo que prevea la documentación contractual (el pliego y el contrato de la concesión), es decir, tanto si recoge dicha obligación como si no.

3) La información sobre la recaudación obtenida en la gestión del servicio público de estacionamiento contribuye a la finalidad de someter a escrutinio la acción de los responsables públicos. Por tanto, la solicitud de este dato no se puede rechazar basándose en su carácter abusivo.

4) Tampoco resulta aplicable el límite al acceso a la información derivado de la protección de los intereses económicos y comerciales. Las cifras brutas anuales de recaudación no se consideran “secreto comercial”. Esta información tiene interés público porque se trata de ingresos derivados de la prestación de un servicio público. El interés público prevalece sobre los intereses privados que se podrían ver afectados si se produjera el daño alegado por los concesionarios. 

5) Es irrelevante que la recaudación de los aparcamientos no forme parte de la información que el Ayuntamiento debe “colgar” en su web para cumplir las obligaciones de publicidad activa. El ejercicio del derecho de acceso no queda limitado a aquella información que haya sido publicada previamente. 

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo

 Por su parte, el recurso presentado por INDIGO acaba de ser resuelto mediante la Sentencia nº 56/2019, de 20 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 1 de Madrid. 

 La sentencia desestima el recurso y confirma la resolución municipal, basándose en dos argumentos.

En primer lugar, los datos solicitados deben considerarse información pública. Estamos ante un servicio público local (estacionamiento de vehículos y movilidad), que se presta de forma indirecta, mediante un contrato concesional. Por tanto, la Ley de transparencia impone a los concesionaros la obligación de facilitar la información del servicio que gestionan.

En segundo término, el Juzgado rechaza la alegación referida al carácter secreto de la información por su valor comercial. Para ello, hace suyos los razonamientos de las dos resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que hemos comentado (SABA y ACVIL). En primer lugar, el posible daño no se ha acreditado. En segundo lugar, se destaca que el objeto de la solicitud se limita a los ingresos derivados de la prestación de un servicio público. Precisamente es esto lo que determina la existencia de un interés público en el conocimiento de dicha información, que prima respecto a los posibles intereses privados esgrimidos por la entidad demandante.

 

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