El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dicta resolución instando a la Empresa Municipal de la Vivienda a mostrar el expediente de enajenación de viviendas a la entidad Fidere

Responsable del contenido: Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A. (EMVS)

Fecha de actualización: 11 de febrero de 2019

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno da la razón a una ciudadana e insta a la Empresa Municipal de la Vivienda a proporcionarle la vista del expediente de enajenación de 18 promociones de vivienda a la entidad Fidere. 

El 21 de julio de 2017, una ciudadana en nombre de la asociación Corruptil presentó una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTBG).

La ciudadana solicitaba la vista del expediente de venta de 18 de promociones de vivienda por parte de la EMVS a las entidades Fidere Gestión de Vivienda S.L. Sociedad Unipersonal y Fidere Vivienda S.L. Sociedad Unipersonal, con fecha 31 de octubre de 2013 y por un importe de 128.500.00 euros

Como motivación de su solicitud alegaba el cumplimiento del objeto social de la sociedad a la que representaba, que no es otro que la lucha contra la corrupción política y en este caso concreto en el proceso de venta de las 18 promociones en circunstancias que definía como fuera de la legalidad.

Una vez analizada la solicitud, se resolvió desestimándola por considerar de aplicación la limitación al derecho de acceso recogida en el artículo 14.1 e) de la LTBG que establece que “el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: […] la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”.

En aquel momento, la enajenación de los inmuebles, objeto de la solicitud de acceso, estaba siendo analizada en el marco de dos procedimientos: un procedimiento penal ante el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid y otro de responsabilidad contable por alcance ante el Tribunal de Cuentas, ambos dirigidos contra los responsables de la enajenación.

Además, estaban en preparación y próximos a su inicio otros dos procedimientos que cuestionaban la enajenación: i) la revisión de oficio por el Ayuntamiento de Madrid de la adjudicación de la venta por nulidad de la misma; y ii) un procedimiento ante la Comisión Europea por vulneración de la normativa sobre ayudas de Estado en esta operación de enajenación.

Por tanto, la información solicitada había sido requerida en el curso de diversos procedimientos que podían comprometer a numerosos intereses y personas afectadas, por lo que se consideró que el acceso a esta documentación por personas ajenas a los procedimientos, podía perjudicar la investigación y sanción de los ilícitos penales y administrativos que en ellos se dilucidaban.

Por todo lo anterior, el 12 de julio de 2017 la Gerente de la EMVS resolvió denegar la solicitud de acceso. 

El 17 de agosto de 2017 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) un escrito de reclamación de la ciudadana, presentado al amparo del artículo 24 de la LTBG frente a la resolución de la EMVS por la que se desestimaba su solicitud de acceso a la información pública.

En dicho escrito la ciudadana alegaba falta de motivación en la resolución, con vulneración del artículo 14.1 e) de la LTBG, que establece que se podrá limitar el acceso a la información (pero no suprimir) cuando suponga un perjuicio para la investigación y sanción de ilícitos, y en ese caso desde su punto de vista era imposible establecer una relación de causalidad entre la información, el perjuicio y la gravedad del mismo.

Tras la interposición de la reclamación, el CTBG dio traslado del expediente al Director General de Transparencia y Atencion a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, para que instase al órgano competente a presentar alegaciones en el plazo de 15 días. Además, solicitaba que de forma expresa se aclarase y fundamentase el límite invocado en la resolución inicial.

A la vista de la reclamación, la Gerente de la EMVS en coordinación con la Dirección de Servicios Jurídicos de la empresa, procedió a la elaboración de las oportunas alegaciones, que fueron remitidas al CTBG con fecha 5de septiembre de 2017 y en las que se solicitaba la desestimación de la reclamación presentada por la solicitante.

En dicho escrito se amplió la fundamentación de la denegación de la información a la aplicación del límite 14.1 f), puesto que el acceso por terceras personas no interesadas a un expediente que se encuentra impugnado y que está siendo objeto de escrutinio judicial y administrativo en varios procedimientos, afecta necesariamente a su capacidad de defensa y perjudica de forma notoria la igualdad de las partes en el proceso.

El 30 de mayo de 2018, tuvo entrada en la EMVS la resolución estimatoria del CTBG a la reclamación presentada por la interesada en la que resolvía:

PRIMERO. - ESTIMAR la Reclamación presentada por Dª LARA CARRASCOMUÑOZ SUÁREZ en representación de la ASOCIACIÓN CORRUPTIL, contra la Resolución por el Gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo S.A, en fecha 12 de julio de 2017.

 SEGUNDO: INSTAR a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid S.A, a que en el plazo de quince días facilite la información solicitada y no satisfecha, así como que en el mismo plazo de tiempo traslade a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información solicitada que acredite el cumplimiento de esta resolución”

El CTBG llega a esta conclusión aplicando los criterios interpretativos elaborados por la institución para la ponderación de intereses en conflicto a la hora de resolver solicitudes en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. De acuerdo con la línea mantenida por el Consejo, vincular tan solo a la existencia de un procedimiento judicial la vulneración de la igualdad de las partes y la tutela judicial efectiva sin justificar en qué medida el conocimiento de la información solicitada puede suponer tal perjuicio no es conforme con la literalidad o el espíritu de la norma. En su opinión, solo de información de la que se argumente que pueda perjudicar la posición procesal y de defensa de alguna de las partes, precisamente por su contenido e incidencia en el mismo, puede predicarse la aplicación del límite alegado. La ausencia de una argumentación limitada a señalar tan solo la existencia de un proceso y la naturaleza de lo solicitado, le lleva a concluir que no estamos ante información cuyo conocimiento pueda perjudicar el límite previsto en el artículo 14.1 f).

Respecto a la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, el Consejo ha señalado en diversas ocasiones que para que sea predicable este límite, es preciso que la información o los documentos que se solicitan estén ya en poder de jueces o tribunales o que su envío a los mismos sea una realidad a corto o medio plazo, no siendo suficiente una mera hipótesis de que se pueden enviar ni que se invoque el límite cuando esos documentos no van a formar parte de una causa, aunque esta tenga conexión con lo solicitado (Reclamación R0024/2017). Así, debe recordarse que la previsión del art. 14.1 f) coincide con la del art. 3.1.i del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos, que prevé como límite al acceso la protección de la igualdad de las partes en los procedimientos judiciales y la administración eficaz de la justicia. En la memoria explicativa del Convenio se señala que:

“este apartado está destinado a proteger la igualdad de las partes en los procesos judiciales y el buen funcionamiento de la justicia. Este límite persigue asegurar la igualdad las partes en procesos judiciales tanto ante tribunales nacionales como internacionales y puede, por ejemplo, autorizar a una autoridad pública a denegar el acceso a documentos elaborados o recibidos (por ejemplo de su abogado) en relación con los procesos judiciales de los que sea parte. Deriva del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un proceso equitativo Los documentos que no son creados con vistas a procesos judiciales como tales no pueden ser denegados al amparo de este límite”.  

El Consejo funda también su decisión en la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sigue la interpretación restrictiva de este límite [por ejemplo, la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de septiembre de 2010, dictada en los Recursos de casación acumulados C-514/07 P, C-528/07 P y C- 532/07 P].

Esta misma interpretación de carácter restrictivo es también la que está siendo adoptada a nivel autonómico por diversas Autoridades de control, como es el caso del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (por ejemplo, en su resolución 31/2017, de 1 de marzo) o la Comisión de Garantía del Derecho de acceso a la Información Pública de Cataluña (por ejemplo, en su resolución 181/2017, de 7 de junio).

El Consejo considera finalmente que, a pesar de la identificación del procedimiento judicial concreto efectuada por la EMVS, no resultaría de aplicación el referido límite en la medida en que la información solicitada no ha sido elaborada expresamente con ocasión del procedimiento judicial pendiente y para la aplicación del artículo 14.1 f) de la LTBG se requeriría la acreditación de que la estrategia procesal de una de las partes procesales se viera efectivamente perjudicada por dicho acceso, que en el fondo podría aportar información acerca de la práctica llevada a cabo por dicha entidad, fundamentada en hechos fácticos relativos a la cuestión planteada judicialmente.

Dadas estas circunstancias y tras la recepción de la resolución, se procedió a la revisión exhaustiva del expediente antes de facilitar la vista a la interesada. Durante el proceso, se comprobó que la documentación era muy extensa y que además de la existencia de datos personales podía contener información que afectara a otros límites. Por este motivo, tras varias comunicaciones mantenidas con el CTBG solicitando indicaciones en relación con estos impedimentos, se solicitó una ampliación de plazo para dar cumplimiento a la resolución, justificada por la extensión de la documentación a revisar y anonimizar, solicitud que fue aceptada.

Durante el proceso de la revisión de las más de1.600 páginas del expediente, se solicitó el apoyo de la Subdirección General de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo el proceso de disociación de datos personales. Finalmente, con fecha 6 de julio de 2018, en cumplimento de la resolución del CTBG, se remitió escrito a la ciudadana para citarla en las oficinas de la EMVS para proceder a dar vista de expediente requerido, tal como se solicitó y finalmente se llevó a cabo.

En el transcurso de ese encuentro, la solicitante pidió copia de la documentación de la que se le había dado vista, lo que suponía alterar uno de los elementos necesarios que había hecho constar en su solicitud (la vista del expediente como el formato elegido para el acceso a la información). Consultado con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se le comunicó a la interesada que dicho cambio exigía la presentación de una nueva solicitud de acceso. Una vez presentada y para ahorrar molestias y plazos a la reclamante, se le facilitó la copia que había pedido sin más trámite.

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