Memoria de actividad de la Agencia de Actividades 2025
Año: 2025
Organismo autónomo: Agencia de Actividades
Materia: urbanismo
Resumen:
El ejercicio 2025 confirma la consolidación del crecimiento y la madurez operativa iniciados en 2022 tras la aprobación de la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid (OLDRUAM). Este periodo se caracteriza por:
- Fortalecimiento del modelo de control urbanístico a posteriori.
- Avances relevantes en digitalización y medición de objetivos y canales de atención,
- Estabilización del marco normativo vigente.
- Aumento de la presión en la atención a la ciudadanía, acompañado de una ligera disminución en los niveles de satisfacción.
- Un contexto de incremento significativo del volumen total de actividad.
En términos generales, 2025 ha sido un año marcado por una mayor carga de trabajo y complejidad, con resultados operativos sólidos, pero que anticipan desafíos relacionados con la calidad percibida del servicio y la sostenibilidad organizativa.
La Agencia de Actividades ha orientado su actuación hacia cinco objetivos estratégicos: reorganizar su modelo de trabajo, agilizar los procedimientos, simplificar la normativa, mejorar la atención integral a la ciudadanía y unificar criterios. Para alcanzarlos, se han desarrollado líneas de actuación centradas en la mejora de la organización interna, la simplificación de la tramitación, la optimización del marco regulatorio, el refuerzo de la atención a la ciudadanía y la coordinación interna.
En el ámbito organizativo, se han llevado a cabo once modificaciones en la relación de puestos de trabajo con el objetivo de adaptar la estructura a las nuevas cargas derivadas de la normativa vigente. Estas medidas han incluido la mejora de condiciones para facilitar la cobertura de puestos y la equiparación con otros perfiles similares dentro del Ayuntamiento.
En cuanto a la actividad inspectora, se han realizado un total de 3.805 inspecciones, reflejando un alto nivel de control. Asimismo, se ha intensificado la ejecución forzosa, con un notable incremento de multas coercitivas y precintos. Cabe destacar que estas actuaciones también han favorecido el cumplimiento voluntario en un número creciente de expedientes.
Respecto a la actividad sancionadora, ha aumentado el número de procedimientos por infracciones graves, especialmente en actividades sin licencia y en el ámbito de viviendas de uso turístico. Esto se ha traducido en un incremento significativo de las sanciones económicas, reforzando el control en estos sectores.
En materia de digitalización, se ha avanzado de forma destacada con la implantación del Sistema de Licencias Municipales (SLIM) y su integración con SIGSA Digital, lo que permite iniciar la mayoría de los procedimientos urbanísticos a través de una plataforma única en la sede electrónica. Esta transformación facilita una gestión más homogénea y accesible.
La atención a la ciudadanía ha continuado siendo una prioridad, con más de 15.000 personas atendidas presencialmente y un alto volumen de gestiones administrativas. Se han consolidado canales alternativos como el correo electrónico, la atención telefónica y la videollamada, además de incorporar herramientas informativas y mecanismos de evaluación de la satisfacción.
En cuanto a la coordinación interna, se han impulsado criterios comunes de interpretación normativa y acciones formativas, fortaleciendo la coherencia en la actuación del personal. También se ha evaluado la Carta de Servicios, manteniendo su certificación de calidad conforme a estándares reconocidos.
Entre las principales fortalezas destacan la capacidad para gestionar un volumen creciente de actividad, la consolidación del modelo de control, el avance en digitalización y una coordinación eficaz con entidades colaboradoras. No obstante, emergen riesgos como la disminución de la satisfacción ciudadana, la presión sobre los servicios de atención y la necesidad de afinar la medición de objetivos.
De cara al futuro, se plantea como prioritario reforzar la calidad percibida, equilibrar los recursos entre tramitación y atención, aprovechar mejor los datos disponibles, prevenir incumplimientos antes de recurrir a medidas coercitivas y potenciar una comunicación más clara, accesible y preventiva dirigida a toda la ciudadanía.